(C-Fam/InfoCatólica) Aunque el aborto fue incorporado en el debate de políticas de la ONU durante la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) de 1994, no logró establecerse como un derecho humano internacional. Sin embargo, ya antes de dicha conferencia, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) había comenzado a abordar la cuestión, incluyendo preguntas sobre el aborto en sus revisiones a los Estados parte desde principios de los años ochenta.
Tras la CIPD, el enfoque del Comité cambió notablemente. En su revisión de Colombia en 1994, instó a las mujeres del país a luchar por la legalización del aborto como medio para reducir la mortalidad materna causada por abortos clandestinos. Al año siguiente, en su informe sobre Perú, el Comité solicitó una revisión de la legislación sobre el aborto y consideró oportuno ampliar las excepciones por motivos de salud.
Este aumento en la presión no se limitó al Comité CEDAW. Otros órganos de tratados, como el Comité de Derechos Humanos, encargado de supervisar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), comenzaron a intervenir en la misma línea. En 1998 pidió a Tanzania revisar su legislación sobre el aborto, y en 1999 solicitó a Chile que introdujera excepciones a su prohibición total del aborto.
En la última década, la presión se ha intensificado aún más. En 2003, más del 90% de las revisiones del Comité CEDAW incluyeron exigencias relacionadas con el aborto.
Ideología de género
Por su parte, la presión sobre cuestiones relativas a la orientación sexual y la identidad de género comenzó más tarde, pero ha llegado a ser aún más frecuente. En 2023, todos los informes del Comité de Derechos Humanos incluyeron recomendaciones en esta materia, como la despenalización de la homosexualidad, la inclusión de estas categorías en leyes antidiscriminación, campañas de concienciación pública, así como el reconocimiento legal del cambio de sexo y del matrimonio y adopción por parte de parejas del mismo sexo.
En 2024, dicho comité pidió a Pakistán despenalizar las relaciones homosexuales consentidas y manifestó su oposición a iniciativas legislativas que penalicen la atención sanitaria relacionada con el cambio de género. En 2018, exigió a Bulgaria el reconocimiento pleno de la igualdad de las parejas del mismo sexo en matrimonio y adopción.
Pese a que ni el aborto ni la orientación sexual y la identidad de género se mencionan en los principales tratados de derechos humanos de la ONU, los nueve órganos encargados de su supervisión han abordado ambos temas en sus revisiones nacionales.
Aunque estas observaciones no tienen carácter vinculante, han sido utilizadas por tribunales en distintos países como argumento para modificar legislaciones, y también son citadas por agencias de la ONU como estándares autorizados. Un ejemplo destacado es el anexo de derechos humanos de la guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el aborto publicada en 2022, que fundamenta gran parte de sus recomendaciones en opiniones emitidas por estos comités.
